Interculturales y campesinos intentan desmentir secuestro de periodistas, policías y civiles

Las versiones de los involucrados en el secuestro ocurrido el jueves a periodistas, policías y trabajadores del agro cambia en la medida que avanzan las horas.

Las versiones de los involucrados en el secuestro ocurrido el jueves a periodistas, policías y trabajadores del agro cambia en la medida que avanzan las horas. Los dirigentes departamentales de los interculturales aseguraron ayer que no participaron en esas acciones violentas y que la Fiscalía debería investigar a los grupos armados. Además, exigieron la presencia del Ministerio de Gobierno en San Julián, para que levante el bloqueo de la ruta entre Santa Cruz y Beni, que se cumple desde la medianoche del domingo.

Eduardo Aguirre, secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales, señaló que no tienen miembros de su sector asentados en la propiedad Las Londras, municipio de El Puente, donde se registró el secuestro y ultraje a 17 personas el jueves, por lo que deslindó responsabilidades.

“Los interculturales no hemos avasallado empresas privadas y pedimos a los empresarios respetar a los sectores sociales. Deben investigarse las tierras fiscales y que no dejen entrar a empresarios ni campesinos, porque son áreas protegidas. O, si están dando privilegios a los empresarios, ¿por que no a los campesinos?”, detalló.

El 28 de octubre un grupo formado por periodistas, policías y trabajadores agrícolas llegó hasta el predio Las Londras. Según el testimonio de los afectados, fueron emboscados por personas encapuchadas, que portaban armas largas y dispararon a las cámaras de televisión, los golpearon y los obligaron a permanecer en un galpón por unas siete horas.

Entre los equipos de prensa estaban reporteros de EL DEBER y las redes televisivas Unitel, PAT y ATB. Todos ellos denunciaron agresiones, incluso la pérdida de sus equipos. Los encapuchados dispararon contra las cámaras de los reporteros gráficos.

Sobre el caso, Eduardo Pereira, secretario de actas de los interculturales, señaló ayer a los medios de comunicación como los responsables de “distorsionar la realidad” de lo ocurrido en Las Londras y negó que se haya dado un secuestro, a pesar de que las imágenes divulgadas y los testimonios de los afectados prueban lo contrario.

“No hubo secuestro. Para empezar, los compañeros (campesinos) desde su propia voluntad, hicieron un pronunciamiento público negándolo”, señaló. Ante esta declaración, los periodistas preguntaron: ¿Si no fue secuestro, que podría considerarse porque en las filmaciones se observan a hombres armados disparando? Pereira se molestó ante los cuestionamientos y en un tono elevado respondió: “Fue un susto que le querían dar, eso dijeron los hermanos campesinos”.

El coronel retirado del Ejército y abogado en ejercicio Jorge Santistevan dijo en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que por las imágenes mostradas por la televisión, por la forma en que se desplazaban los sujetos y por la forma cómo actuaron en la emboscada, se evidencia que son personas que reciben entrenamiento y capacitación militar de forma sistemática.

El oficial en condición de retiro dijo que por la posición del cuerpo (ligeramente inclinado hacia adelante) y por la forma en que toman el fusil (con una mano sobre el cañón y sin dejar de apuntar a la víctima) reciben un entrenamiento parecido al grupo de élite cubano conocido como “avispas negras”.

Santistevan señaló que probablemente falló el “bautismo de fuego”, del grupo que opera en el municipio de Guarayos porque no contaban con que miembros de la prensa estuvieran presentes en la comitiva que tenía que visitar Las Londras. “Eso escapó de sus controles y ahora se percibe que existe una conexión desde Guarayos hasta Chapare, con apoyo de las autoridades”, disparó el coronel.

También cuestionó a la Fiscalía, a la Policía y a las Fuerzas Armadas por la falta de reacción para investigar este caso que, a todas luces, es un acto criminal que debería ser tratado con la rigurosidad del caso, pero “sin minimizarlo ni agrandarlo”.

En ese sentido, el senador por el MAS y exjuez de Santa Cruz, William Tórrez, identificó fallas de orden institucional en este caso. El legislador oficialista también cuestionó a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno por la demora en atender este caso.

“El fiscal general (Juan Lanchipa) debe rendir cuentas, debe explicar, y por supuesto el fiscal departamental (de Santa Cruz, Róger Mariaca) por no haber actuado de forma inmediata, dada la gravedad del caso, que debe ser esclarecido y sancionado de forma ejemplificadora, en el tiempo y los plazos que establece la norma procedimental”, señaló el senador.

Tórrez también dijo que “preocupa la falta de cohesión rápida entre los organismos especializados y llamados por ley, como son el Ministerio Público, pero también la Policía, que es el brazo operativo de la Fiscalía. No se necesitaba siquiera una denuncia oficial. En este caso debió actuarse de oficio y ordenar que la Felcc se constituya de forma inmediata en el lugar para detener a los autores”, advirtió el senador oficialista por Santa Cruz.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía y la Policía reciben cuestionamientos por la inacción en hechos violentos en el país.

En su informe final, presentado en agosto de este año sobre la crisis política y social que se vivió en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó una falta de independencia de la administración de justicia -un problema que califica como “estructural en Bolivia”-, con presiones a magistrados y fiscales e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones.

“El GIEI observa que, en diversos casos examinados, las instituciones del sistema de justicia actuaron sin independencia e iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política, es de notar que el uso abusivo de la detención preventiva hace que la Fiscalía se concentre en justificar su primera hipótesis de investigación, o sea, la que fue adoptada como fundamento para la prisión”, dice el informe en el capítulo 4.

Desde La Paz, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, había asegurado que dará con los integrantes del grupo armado que tomó 17 rehenes en el predio Las Londras. “Les puedo decir que vamos a llegar a dar con los autores, eso les garantizo”, afirmó Aguilera. Anteriormente, el jefe policial había calificado al hecho como “altercado”, a pesar de las evidencias de la existencia de armas de fuego.

El fin de semana, con apoyo de fiscales, unos 200 policías se movilizaron hasta la provincia Guarayos, ubicada a más de 300 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. Aguilera informó que se investigan los hechos. Dijo que en la zona está operando un “equipo multitalento” con apoyo de oficiales de La Paz para apoyar en las aprehensiones que defina el Ministerio Público.

Precisamente ese operativo fue descalificado por Santistevan. El coronel retirado del Ejército dijo que la Policía actuó después de dos días y llegó al lugar con más de 200 horas de atraso, de forma injustificada y con una actitud como que se tenían que presentar a un desfile cívico.

“Hasta en las películas se muestra que para este tipo de eventos se requiere de grupos de élite, pequeños, que actúen de manera inmediata para capturar y aniquilar a los insurgentes; acá ocurrió todo lo contrario”, señaló el experto en tácticas militares.

Técnicamente, este caso está vinculado con delitos de privación de libertad, agresiones y amenazas, además de portación ilegal de armas. Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, el Ministerio Público actuó “de oficio” a través de un recurso presentado el viernes 29 de octubre. Ayer, la Fiscalía anunció las primeras diligencias formales en este caso en medio de las presiones de los Interculturales que bloquean la carretera a Beni para protestar por este caso.

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz se pronunció ayer en un comunicado en el que anuncia la presentación de una denuncia internacional por este caso. El comunicado cuestionó al comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, por haber calificado este hecho de “altercado”.

El camarógrafo de ATB, Percy Suárez, quien grabó las evidencias fundamentales y es uno de los más afectados con el secuestro, dijo que desconfía de las investigaciones del violento hecho.

Suárez acudió a una conferencia de prensa ofrecida por el fiscal Mariaca, quien se refirió a los avances de las investigaciones del caso. “No es mi función identificar, para eso está la Policía especializada, respeto eso, pero desconfío de la investigación. A nosotros nos secuestraron a las 11 de la mañana. A las 12, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sabía que estábamos secuestrados, fue una reacción muy lenta y eso está demostrado, porque la Policía recién entró el sábado”, lamentó el trabajador.

Además, dijo estar sorprendido porque el mismo grupo de avasalladores que recibió “a bala” a los periodistas, se reunió con el jefe del INRA, Adalberto Rojas, que fue recibido con aplausos.

Secuestro

Un grupo de 20 personas emboscó a periodistas, policías y trabajadores el 28 de octubre en el predio Las Lomas.

Denuncias

Los afectados denunciaron que fueron golpeados y torturados, tanto física y psicológicamente, por un grupo de encapuchados.

Demora

La Policía llegó al lugar dos días después de los sucesos y no halló a nadie. La Fiscalía asegura que los sospechosos están identificados, así como la ubicación de sus domicilios.

Reacciones

El grupo armado recibió en Las Londras al jefe del INRA de Santa Cruz, quien asegura que no conoce a ninguna de las personas con las que conversó un día después de los sucesos.

(EL DEBER)

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