Juristas: Bolivia está frente a un gobierno de “jueces y fiscales”

“La detención preventiva –según el Código de Procedimiento Penal– es la “excepcionalidad”, la garantía general es la libertad del ciudadano, es decir, que asuma su defensa en libertad, salvo que existan requisitos que hagan presumir que el ciudadano va a interferir en la justicia”, manifestó el ex fiscal general del Estado.

El ex fiscal general del Estado, Pedro Gareca, afirmó que en el país hay un “gobierno de jueces y fiscales”, con una tendencia a la arbitrariedad, complementó la abogada Rebeca Delgado.
“Estamos en una situación tan frágil de autoritarismo, de un gobierno de jueces y fiscales, pero dándole la espalda a la Constitución Política del Estado, por eso hablo de arbitrariedad, cuando deberían respetarse las normas”, sentenció Gareca, al referirse al uso de la detención preventiva.
No habría estos casos si existirían las garantías del debido proceso y eso significa que una persona denunciada de un presunto delito tiene derecho a la información sobre los cargos que le acusan, derecho a una defensa, derecho a la presunción de inocencia y a su libertad.
“La detención preventiva –según el Código de Procedimiento Penal– es la “excepcionalidad”, la garantía general es la libertad del ciudadano, es decir, que asuma su defensa en libertad, salvo que existan requisitos que hagan presumir que el ciudadano va a interferir en la justicia”, detalló.
Gareca explicó que si los fiscales llegan a forzar las detenciones, sus actos se trasladan a un ámbito muy peligroso que es la “arbitrariedad”.
“Entonces, la arbitrariedad es mucho más grave y dañosa que la propia ilegalidad. En Bolivia estamos en esa faceta de la arbitrariedad porque aplicamos como regla la detención preventiva”, insistió.
La Fiscalía es la encargada de solicitar y sustentar las detenciones preventivas o sustitutivas, mientras que el juez dicta la medida cautelar con base en la información del fiscal. En el país la tendencia es la detención en la cárcel, un hecho considerado abusivo por el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En criterio de Rebeca Delgado, el problema es que no funciona el “guardián” de la Constitución. “El punto de partida es que no tenemos guardián de la Constitución, si tuviéramos un Tribunal Constitucional que garantice y ponga límites a cualquier órgano de poder, que puede ser el Órgano Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Electoral”, sostuvo.
La también constituyente dice que para esta situación hay una explicación que es la “manipulación” y la “instrumentalización político partidaria”.
Delgado remarca que el problema de la justicia no es reciente y que deviene de hace años, identifica que una de sus causas es “que no existe una política criminal en el país, ese es el tema central”, afirma.

POLÍTICA CRIMINAL
Alertan que urge una política criminal para encarar la reforma judicial. Gareca coincide con este criterio, precisa que en el país es necesario trabajar en una política criminal y posteriormente, avanzar –recién– en una reforma o transformación integral del poder judicial
“Urge una política criminal en el país, en primer lugar; en segundo lugar, si tenemos nosotros una política criminal el segundo paso tendrá que ser necesariamente la reforma integral del poder judicial”, afirma. (ANF)

(El Diario)

Compartir:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *